Durante 2025, Argentina registró un intento de suicidio por hora

El último Boletín Epidemiológico Nacional del 2025 da cuenta que en 944 días, es decir, desde el 1° de abril de 2023 al 31 de octubre del año que pasó, se notificaron en el país 22.249 intentos de suicidio lo que significa que son 24 personas por día las que casi terminan con sus vidas. La emergencia en salud mental quedó expuesta en un informe que contempla sólo los casos que llegan a registrarse de manera oficial, mientras que organizaciones y sobrevivientes aseguran que esas estadísticas son más alarmantes. Ante la desolación social, ¿qué respuestas o herramientas brinda el Estado?

En el registro difundido por el Ministerio de Salud el 29 de diciembre destacan que 20.928 – el 95% – de los intentos, no tuvieron resultado mortal, mientras que 1.218 personas – 5%. murieron. Lo que indica que por cada 17,2 intentos no fatales hay un intento de suicidio con resultado mortal. Sin embargo, en junio del año pasado, Rosario3 compartió datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad que daban cuenta que en el país durante 2024, fueron 4249 las personas que se quitaron la vida. Allí mismo, destacan que desde hace al menos dos años, es la principal causa de muerte violenta.

Según el Boletín Oficial, 13.484 intentos notificados fueron de mujeres pero a la hora de consumar el riesgo es cinco veces mayor en hombres. Respecto a la edad, los grupos de adolescentes y adultos jóvenes (15 a 34 años) son lo que más riesgos corren. “Ahora bien, es importante remarcar que las tasas más elevadas corresponden a los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 (114 casos cada 100.000 habitantes)”, se lee en el texto publicado.

Cabe mencionar que en Argentina, desde abril del 2023, el intento de suicidio se convirtió en notificación obligatoria, es decir que deben ser registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS), morito por el cual el documento expresa que “el total de los casos notificados no puede ser tomado, aún, de manera representativa de la realidad de los intentos de suicido en el país” sino que “lo que se observa da cuenta del proceso de implementación y aumento de la adherencia a la vigilancia y a la ley de notificación obligatoria y no de un incremento de casos del evento en el período descripto”.

A su vez, la información compartida da cuenta que febrero del 2025 fue un mes con más intentos de suicidios notificados (1084), cifra que aumenta en septiembre (1294). Un patrón similar ocurrió en 2024. Otro dato a destacar es que, del total de personas que intentaron suicidarse en el período 2024-2025, 10.154 (54,7%) requirieron internación, aunque en el 15 por ciento de los casos no se cuenta con esa información. Entre las personas internadas, se registró que 522 (5,1%) ingresaron a cuidados intensivos, pero en el 28,6 por ciento de los casos con internación no se dispone del dato.

Ante la desolación social, recortes e incumplimientos

La Ley Nacional de Salud Mental que cumplió diez años, establece que el Ministerio de Salud debe utilizar el 10% del presupuesto de salud a políticas y programas de salud mental, lo que incluirían políticas de prevención del suicidio. Sin embargo, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria publicado recientemente, da cuenta de la profunda crisis en el sector que abarca a once provincias.

“A raíz de la actual crisis económico-social, muchas personas no pueden afrontar los gastos asociados a copagos ni acceder a medicamentos con descuento. A esto se suman las demoras significativas —que en algunos casos alcanzan varios meses— en la asignación de turnos, así como las múltiples barreras que dificultan el acceso a internaciones por motivos de salud mental, especialmente en los casos relacionados con consumos problemáticos. Como consecuencia, se ha registrado un incremento en la demanda de atención en el sistema público de salud, estimado en un porcentaje superior al 12%”, indicaron.

Pero además, denunciaron que ese sistema público de salud que sostiene y contiene las urgencias en salud mental, está siendo atacado y reducido. “El despido de 192 trabajadores del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” —lo que representa aproximadamente el 40 % de su planta— y el recorte del 25 % de su presupuesto (CELS, 2025) constituyen un retroceso significativo en la capacidad asistencial del sistema nacional de salud mental. A esta situación se suma la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), programa de formación que se había implementado con el retorno de la democracia y que estaba presente en más de la mitad de las provincias. Su discontinuidad reduce de manera sustancial las oportunidades de formación profesional en hospitales nacionales y centros provinciales. Algunas jurisdicciones han anunciado que intentarán sostenerlas con fondos propios”, denunciaron.

En esa misma línea, apuntaron: “En paralelo, el Programa Remediar —que abastece a 7.824 CAPS en todo el país— sufrió despidos y desfinanciamiento presupuestario que se refleja en una creciente falta de provisión de medicamentos, sin una estrategia clara de reposición y la eliminación del Remediar Salud Mental. Esta situación afecta a 17 millones de personas y se replica en varias provincias que han registrado una suspensión en la entrega de psicofármacos”.

“La crisis de salud mental en Argentina presenta una gravedad creciente que requiere respuestas urgentes y estructurales. Las decisiones recientes del gobierno nacional, junto con la falta de inversión sostenida y la precarización de las condiciones de vida, han profundizado esta problemática, generando retrocesos en términos de derechos y en la calidad del acceso a la atención en salud mental. Las personas en situación de vulnerabilidad social y económica se ven particularmente afectadas, al enfrentar mayores barreras para acceder a recursos y tratamientos adecuados”, cerraron.