En Europa avanzan con leyes para prohibir el uso de redes sociales en menores de 15 años

El texto original tiene buena información, pero presenta algunas repeticiones y una estructura algo fragmentada. Para mejorarlo, he trabajado en la fluidez, la cohesión de los párrafos y un tono más profesional.

Aquí tienes una versión optimizada:

Europa endurece el cerco: hacia una restricción masiva de redes sociales para menores

Las naciones europeas avanzan decididas hacia un endurecimiento de las regulaciones sobre el uso de redes sociales en niños y adolescentes. Esta tendencia surge ante la creciente preocupación de que la actual legislación digital de la Unión Europea (UE) sea insuficiente para forzar cambios estructurales en las políticas de las grandes plataformas.

Medidas nacionales y liderazgo político

Varios países ya han tomado la iniciativa con medidas concretas:

• Francia: La Asamblea Nacional ya ha votado a favor de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, un proyecto que ahora espera la ratificación del Senado.

• España: El Gobierno ha propuesto elevar la edad mínima a 16 años. El presidente Pedro Sánchez ha sido tajante al respecto, señalando la necesidad de evitar que el entorno digital sea un «salvaje Oeste» donde los menores se expongan a adicciones, pornografía y manipulación.

• Otros países: Naciones como Italia, Portugal, Austria, Grecia y Dinamarca evalúan seguir pasos similares, mientras que el Reino Unido ha iniciado consultas públicas para debatir si el acceso entre los 13 y 16 años debería depender estrictamente del consentimiento parental.

Un debate a escala continental

El movimiento no es solo de gobiernos individuales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado su apoyo a establecer un límite de edad unificado en toda la UE, inspirándose en el modelo de Australia, que recientemente fijó el umbral en los 16 años.

El desafío de la implementación

A pesar del consenso político, persiste un obstáculo crítico: la capacidad real de la UE para imponer estas leyes de manera eficaz. El principal reto reside en la soberanía tecnológica, ya que la mayoría de las plataformas afectadas pertenecen a gigantes corporativos de Estados Unidos, lo que abre un debate sobre la jurisdicción y la ejecución técnica de estas prohibiciones.