El Gobierno designó veedores para auditar las cuentas de la AFA durante 180 días
El Gobierno nacional dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino por un plazo de 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y movimientos financieros de la entidad que preside Claudio Tapia.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa vinculada al ejercicio 2025 y a otras operaciones bajo análisis.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, documentación respaldatoria y acuerdos comerciales de la AFA. Además de un informe final, podrán presentar reportes parciales si detectan irregularidades que requieran intervención urgente.
Entre los puntos a analizar figuran los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, y la documentación relacionada con la Universidad de la AFA (UNAFA). También se pondrá bajo la lupa la relación con distintas firmas y personas vinculadas a operaciones financieras.
La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que cuestionó la falta de entrega de documentación y el intento de la AFA de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la entidad continúa bajo su jurisdicción.
El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA escaló en las últimas semanas. Desde la entidad calificaron la medida como una “veeduría ilegítima”, rechazaron la existencia de irregularidades y adelantaron que recurrirán a la Justicia para frenar su implementación.
Si bien la veeduría no implica una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano, abre una auditoría formal sobre uno de los sectores más relevantes del fútbol argentino. Sus resultados podrían derivar en sanciones administrativas, nuevos requerimientos o una profundización del conflicto judicial.