Rechazaron un reclamo contra la desregulación de la VTV y la Provincia podrá seguir recaudando
A través del Decreto 139/26, el Gobierno Nacional de Javier Milei rechazó el reclamo administrativo iniciado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI). De esta manera, se mantienen los cambios introducidos el año pasado en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Desregulación y flexibilización en marcha.
Las empresas que prestan el servicio de la VTV habían presentado un reclamo contra el Decreto 196/25 con el que la administración libertaria modificó el régimen e introdujo varios cambios en la Ley de Tránsito. La queja era contra los artículos 12 y 13 de dicha norma que son los que modificaron la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que en la provincia de Buenos Aires se conoce como VTV.
La CATRAI había pedido que se revoquen esos cambios argumentando que flexibilizar los plazos aumentaría el riesgo vial y carece de soporte técnico. También sostuvieron que “los cambios introducidos a la reglamentación referida romperían con la independencia de criterios que rige a los Talleres de Revisión Técnica Obligatoria, al habilitar que concesionarias, importadores de vehículos y talleres controlen los mismos productos y vehículos que venden o reparan”.
El Gobierno Nacional rechazó cada uno de los argumentos y ratificó la flexibilización del régimen. Al tratarse de un procedimiento administrativo, las empresas del sector todavía tienen la alternativa judicial para impugnar los cambios. Hasta entonces, deberían aplicarse en todo el país.
La nueva VTV
Con la nueva ley, los vehículos nuevos (0 kilómetro) tienen que hacer la primera VTV a los 5 años desde su patentamiento. A eso se le suma una revisión bianual hasta los 10 años de antigüedad del vehículo.
Además, se habilitó a toda la red de concesionarios oficiales a hacer la revisión vehicular y también a los talleres que tengan el instrumental necesario y se registren para ello. Hasta ahora, solo podían hacerlo las entidades habilitadas por las autoridades. De esta manera, el Gobierno Nacional espera bajar los costos de mantenimiento y mejorar el servicio.