El Hogar San Camilo al rojo vivo (de deudas)

Una deuda

Según el informe presentado semanas atrás por la propia institución, el Hogar arrastra una deuda total de $338.985.735, que incluye:

• $296 millones con la Seguridad Social.

• $8 millones por juicios laborales.

• Más de $3,7 millones a proveedores de alimentos.

• Cuotas sindicales adeudadas.

• Sueldos impagos por más de $26 millones.

A eso se suma un déficit operativo mensual estimado en $17 millones.

En 2018, la Asociación Familia Camiliana —responsable de la administración del Hogar San Camilo— fue intervenida judicialmente por Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires. Las denuncias incluían:

• Falta de renovación de autoridades.

• Inexistencia de libros de actas y balances.

• Contratación de personal sin títulos habilitantes.

• Decisiones económicas concentradas en manos de una pareja (presidenta y tesorero).

La intervención fue resultado de una presentación judicial, respaldada por exintegrantes de la propia comisión directiva. La gestión quedó a cargo de un contador designado por la Provincia. Desde entonces, el estado de regularización de la asociación no fue oficialmente comunicado al Concejo Deliberante, pero hoy —siete años después— las autoridades firmantes vuelven a solicitar asistencia pública.

La respuesta política: actuar; pero no pagar

En la sesión del pasado martes, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución que buscó dar una respuesta institucional sin comprometer el presupuesto municipal. La propuesta fue presentada por el bloque oficialista y contó con el respaldo de todos los bloques, salvo dos votos en contra para uno de los puntos (los concejales Dib y Figueroa rechazaron el pedido de aplicación de la ley nacional).

La resolución plantea:

ARTICULO 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, agilice los mecanismos para la inmediata ejecución de la Ley Nº 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

ARTICULO 2º: Solicitar a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de la información recibida en este cuerpo deliberativo de parte de las autoridades del Hogar y Centro de Día San Camilo, se comuniquen de manera inmediata con la mencionada institución para interiorizarse sobre su actualidad y gestionen una ayuda económica con carácter de urgente para garantizar su funcionamiento y la continuidad de las prestaciones a personas con discapacidad que allí se brindan.

ARTICULO 3º: Solicitar a las autoridades del Programa Federal Incluir Salud, cancelen a la brevedad posible la deuda que a la fecha se mantiene con el Hogar y Centro Día San Camilo con Sede en la ciudad de Pergamino.

ARTICULO 4º: Solicitar a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino la atención al pedido efectuado ante este cuerpo deliberativo por el presidente del Hogar y Centro de Día San Camilo, referido a la condonación de la deuda que mantiene dicha institución a la fecha, o en su defecto y en caso de no ser posible acceder a esta medida, la confección de un plan de pago que permita regularizar la situación y la continuidad del acceso al servicio. En el mismo sentido, evaluar la posibilidad de otorgar la eximición de pago del servicio solicitado hasta tanto se aplique lo dispuesto en la Ley Nº 27.793, situación que permitiría recuperar al Hogar las condiciones para garantizar su normal funcionamiento.

ARTICULO 5º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, refuerce

la ayuda alimentaria que se viene otorgando a la fecha

El debate del HCD

En ningún momento del debate se buscó criminalizar a la institución ni juzgar su historia. Pero sí quedó claro que una situación de esta magnitud no puede abordarse sin revisar también las responsabilidades de quienes administran. Porque si bien los problemas pueden tener múltiples causas, las soluciones no pueden fundarse en la omisión de los antecedentes ni en pedidos excepcionales sin control.

La resolución aprobada establece un camino. Redirecciona la discusión: del municipio al Gobierno nacional, de la política local a los organismos específicos, del auxilio directo a la búsqueda de soluciones estructurales. Y al hacerlo, también deja en claro algo más: que el acompañamiento social debe ir de la mano de la institucionalidad y la transparencia.

Final abierto

El Hogar San Camilo enfrenta una situación crítica. Nadie lo niega. Pero lo que está en juego no es solo el destino de una institución, sino la forma en que el Estado —en todos sus niveles— responde ante pedidos de ayuda que exceden lo puntual y ponen sobre la mesa viejos problemas no resueltos.

Por ahora, el Concejo eligió un camino. El próximo paso lo tienen las autoridades nacionales.

Pero más allá del caso puntual de San Camilo, lo que deja planteado este episodio es un debate mucho más profundo: ¿cuál es el rol de las organizaciones sin fines de lucro cuando, por circunstancias adversas, desequilibrios estructurales o incluso errores de gestión, atraviesan situaciones críticas que derivan en pedidos de auxilio al Estado? La pregunta no es si el Estado puede asistir, sino si debe hacerlo. Y, sobre todo, hasta dónde.

La participación en asociaciones intermedias es un pilar de la vida democrática. Son iniciativas privadas —aunque sin fines de lucro— que muchas veces cumplen funciones que el Estado no alcanza a cubrir. Pero eso no convierte automáticamente sus problemas en responsabilidad pública. El debate de fondo es conceptual, no coyuntural: ¿dónde empieza y termina el compromiso del Estado cuando se trata de sostener estructuras que son privadas en su constitución, pero públicas en su impacto?

Las instituciones que le hacen bien a una ciudad no son solo las que nacen de buenas intenciones, sino también las que logran sostenerse en el tiempo con organización, responsabilidad y vínculos claros con la comunidad. Por eso, en definitiva, la discusión no está en el objetivo. Está en el límite.

Fuente: LaOpinionPergamino