La Justicia ordenó un millonario embargo contra Javier González Fraga y Lucas Llach

El mecanismo del presunto fraude

La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que entre agosto y diciembre de 2019 se ejecutó un plan para evitar que el banco cobrara una deuda de 300 millones de dólares.

Los puntos clave de la acusación son:

• Desvío de fondos: El BNA controlaba cuentas de garantía donde Vicentin recaudaba sus ingresos. En lugar de retener el dinero para saldar la deuda, los funcionarios permitieron el giro de $43.450 millones hacia cuentas de libre disponibilidad.

• Fuga de capitales: Se investigan transferencias al exterior por casi US$17 millones.

• Créditos irregulares: Pese al riesgo financiero, en noviembre de 2019 el banco otorgó nuevos préstamos al grupo por US$105,5 millones.

Implicados y situación judicial

Además de los exfuncionarios públicos, la medida afecta a los principales directivos de la agroexportadora, entre ellos Néstor Buyatti, Alberto Macua y Máximo Padoan. El juez Ercolini fundamentó la decisión en la necesidad de resguardar el patrimonio estatal ante un perjuicio estimado en US$304.328.665.

Inhibición vigente: La resolución, firmada el 30 de diciembre, mantiene además la prohibición de vender activos (inhibición general de bienes) que rige para todos los involucrados desde septiembre de 2025.

Contexto de una crisis prolongada

Vicentin, que supo ser la cuarta agroexportadora del país, entró en default en diciembre de 2019. El caso cobró relevancia política en 2020, cuando el expresidente Alberto Fernández intentó una intervención y expropiación que finalmente fue revocada ante el rechazo social.

Actualmente, la causa avanza con una ronda de 21 indagatorias previstas para febrero y marzo de 2026.