La Legislatura bonaerense paralizada por disputas del oficialismo y otros intereses
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires atraviesa un estado de parálisis funcional que mantiene congelada su agenda legislativa en este primer semestre de 2026, y bloquea decisiones clave para el funcionamiento del Estado, en un escenario dominado por la profunda interna del peronismo bonaerense. La disputa entre el sector del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo de La Cámpora ha convertido el recinto en un campo de batalla política donde los proyectos de ley, los pliegos judiciales y las herramientas de gestión quedan atrapados en una pulseada que no logra resolverse.
El origen de esta inacción se encuentra en la falta de acuerdos internos dentro del oficialismo, que se traduce en el freno sistemático a las iniciativas del gobernador , como la Ley Fiscal y el Endeudamiento de la Provincia, y en la demora en la constitución de las comisiones permanentes de trabajo.
Legisladores alineados con el kirchnerismo, como Facundo Tignanelli, en Diputados, y Sergio Berni, en el Senado, han sido señalados por no acompañar las propuestas de Kicillof, actuando como una oposición interna que obstaculiza el normal funcionamiento de las cámaras.
En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside el Senado bonaerense, ha sido blanco de duras críticas por la parálisis legislativa que mantiene a la Cámara Alta sin sesionar desde octubre de 2025. Legisladores de su propio espacio político, como el senador Sergio Berni, cuestionaron su gestión al considerar que la falta de actividad responde a una «mala gestión» por parte de quien debe conducir el cuerpo «con idoneidad» .
La tensión llegó a tal punto que el ministro Andrés Larroque acusó a los legisladores camporistas de «extorsionar al Gobernador» y de subordinar el funcionamiento institucional a una negociación de espacios de poder, sugiriendo incluso que «juegan para Javier Milei» al paralizar la gestión bonaerense.
Las consecuencias de esta pelea política son contundentes. El Senado bonaerense permaneció más de seis meses sin actividad en el recinto, y recién en esta última semana de junio busca retomar las sesiones para intentar destrabar una «parálisis institucional» que ya acumula un saldo crítico: ninguno de los casi 300 proyectos presentados logró ser debatido.
En la Cámara de Diputados, la situación no es menos alarmante: la oposición logró reunir quórum para una sesión especial que duró apenas diez minutos y no pudo tratar los proyectos sobre la crisis del IOMA, mientras que la comisión de Presupuesto suspendió reuniones por falta de consenso para definir cómo se repartirían los fondos del endeudamiento a los municipios, con posturas enfrentadas entre el oficialismo y la oposición.
Situación en la Justicia
El ejemplo más grave de esta parálisis es la situación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que evidencia el costo institucional de la inacción legislativa. El máximo tribunal de la provincia debería tener siete miembros, pero actualmente funciona con solo tres jueces y acumula cuatro vacantes desde hace más de seis años, una situación que su presidente, Sergio Torres, calificó como «inéditamente desintegrada».
Para dictar sentencia se necesitan cuatro votos, pero con solo tres jueces, la Corte debe recurrir constantemente a jueces de instancias inferiores para poder fallar, lo que genera demoras y una «mayor dependencia» que afecta la calidad del servicio judicial. La Suprema Corte ha exhortado al Ejecutivo y al Senado a cubrir las vacantes de manera urgente, pero la orden constitucional ha sido desoída «en forma sistemática».
Crisis paralizante
Para intentar resolver su crisis de recursos y salarial —con sueldos un 50% más bajos que los de la Justicia federal—, la Corte presentó un proyecto de autarquía financiera, pero su tratamiento en la Legislatura queda sujeto a la misma dinámica de confrontación política que mantiene paralizada la agenda.
En este contexto, la agenda política y las decisiones fundamentales para la provincia —como la cobertura de cargos judiciales, la gestión de fondos para los municipios o el abordaje de la crisis del IOMA— se han convertido en rehenes de una pelea interna que profundiza la crisis institucional y posterga soluciones urgentes, mientras los bonaerenses esperan respuestas que la Legislatura, atrapada en sus propias disputas, no logra brindar.
Por Jorge Déboli (InfoGEI)