Santiago Peña, ex presidente paraguayo, seguirá preso
La Justicia ordenó que el expresidente permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación relacionada con Ueno Bank. Pedro Alliana asumió el poder y anunció sus primeras medidas para asistir a los ahorristas afectados.
La crisis política y financiera de Paraguay sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia resolviera que Santiago Peña deberá continuar en prisión preventiva. El exmandatario se encuentra recluido en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, tras ser destituido por el Senado e imputado en una causa vinculada con el colapso de Ueno Bank.
La medida fue dispuesta por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú. El magistrado consideró que la detención es necesaria para garantizar que el expresidente permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso.
Mientras la investigación avanza, Pedro Alliana asumió la Presidencia y comenzó a definir las primeras medidas de su Gobierno para responder a las consecuencias económicas de la crisis bancaria.
Por qué Santiago Peña permanecerá detenido
La imputación contra Santiago Peña fue impulsada por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La causa investiga presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, ambos bajo la modalidad agravada.
El fiscal Christian Benítez explicó que los delitos contemplan penas de hasta 10 años de prisión. Según la hipótesis fiscal, el exmandatario habría participado en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank.
Los investigadores también analizan su vínculo económico previo con Ueno Holding, el grupo empresarial al que pertenecía el banco. El expediente señala que Peña habría tenido acciones equivalentes al 1,58% del capital de la compañía, además de un certificado de depósito en Ueno y un bono en Itti.
De acuerdo con la acusación presentada durante el juicio político, el expresidente vendió esa participación en marzo de 2025, cuando ya se encontraba al frente del Poder Ejecutivo. Después de la audiencia, el juez determinó que la prisión preventiva era necesaria para asegurar su sometimiento al procedimiento judicial.