El juez dio lugar al amparo que realizó el defensor del pueblo Pablo Santamarina y se deberá restituir el cobro de las pensiones
El juez cesar Solazzi dio lugar al pedido del defensor del pueblo Pablo Santamarina, en donde constató la quita equivocada de las pensiones por discapacidad. La agencia nacional de discapacidad deberá restituir el cobro.
Ante la falta de respuesta por parte de las entidades a nivel nacional el defensor del pueblo tomó el mando y realizó un recurso de amparo, en un principio individualizado en ocho personas pero pidiendo que se haga extensivo al resto de los pergaminenses, serian aproximadamente 2000 personas “se enteraron que dejaron de recibirla cuando fueron a cobrar, hemos constatado no solo la discapacidad sino que algunos de ellos viven en extrema vulnerabilidad” remarcó Santamarina, días atrás a través de radio Data 93.5.
“Se dieron de baja de un día para el otro, se habla de pensiones mal cobradas y nosotros constatamos que no es así, asistentes sociales se acercaron hasta los domicilios, en muchos casos no pueden realizar otra actividad y este se vuelve su único ingresó” agregó en cuanto al trabajo investigativo que llevaron a cabo y además agregó que “ninguna de estas personas fue citadas para presentar la documentación necesaria” por lo que se encontraban sin saber a dónde concurrir.
En las ultimas horas se supo sobre el fallo favorable por parte del Juez Cesar Solazzi, quien da lugar al pedido y llama al ANDIS “a dejar sin efecto las suspensiones dispuestas sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, solicitando que la medida cautelar alcance a todo el colectivo de personas con discapacidad afectada por las medidas tomada por las demandas” remarca en un fragmento de la respuesta.
A su vez el juez agrega que “debe tenerse en consideración que las pensiones no contributivas por incapacidad tienen un carácter alimentario y así mismo son reconocidas por la convención sobre los derechos de personas con discapacidad aprobadas por la ley 26378” los peritos de la defensoría constataron que “que se encuentran en vulnerabilidad no solo por la propia cuestión de discapacidad que padecen, sino que están en una situación de pobreza económica, no solo ellos, sino que abarca al grupo familiar, apreciándose así de tales informes de riesgos y la urgencia puesta en manifiestos por los actores”
La defensoría del pueblo esta ubicada en calle Dorrego 550 y está a disposición para la recepción de casos, ya que muchos de ellos realizaron el reclamo a través de ANSES y el organismo no esta capacitado para dar una respuesta.