Ante la falta de respuestas insisten con la construcción de una alcaidía para el departamento judicial Pergamino-Colón

La concejal Gabriela Taruselli volvió a reclamar la inclusión del proyecto en la agenda de infraestructura penitenciaria provincial y expuso datos actualizados sobre la situación de las personas privadas de libertad en la región.

La concejal de Juntos por el Cambio, Gabriela Taruselli, reiteró el pedido para la construcción de una alcaidía en el departamento judicial Pergamino-Colón, una demanda que, según detalló, se sostiene desde hace años sin respuestas concretas por parte del gobierno provincial. “En estos términos, hicimos la primera presentación en el año 2021, después en el 2022, en el 2024 y en el 2025. Es un tema de agenda en nuestro departamento judicial desde el año 2003 o 2004”, señaló durante su intervención, marcando la continuidad del reclamo.

En ese sentido, cuestionó la falta de instancias de diálogo con la Provincia: “En todos estos años no hemos logrado que nos atiendan, no hemos sido atendidos en una solicitud de audiencia a la Subsecretaría de Política Criminal, dentro de la cual está el plan de infraestructura penitenciaria de la provincia de Buenos Aires”. Además, remarcó que el pedido trasciende cuestiones partidarias y abarca a toda la región: “Somos el mismo departamento judicial con Colón y estamos atravesando las mismas dificultades”.

Taruselli remarcó la necesidad de que el proyecto sea al menos incorporado en la planificación provincial, aunque no implique una ejecución inmediata. “No estamos diciendo que este año se ejecute, estamos diciendo que nos incorporen en la agenda de infraestructura penitenciaria”, expresó, al tiempo que solicitó el acompañamiento del oficialismo provincial para facilitar una audiencia que permita avanzar con la gestión.

El trabajo de la concejal se remonta a varios años atras, y como lo ha hecho en otras oportunidades presentó datos actualizados que evidencian la problemática. “El total de personas privadas de libertad en abril de 2023 era de 421, en marzo de 2025 de 566 y el último dato que tenemos es de 466 personas que corresponden a nuestro departamento judicial”, indicó. De ese total, detalló que “279 están en unidades penitenciarias, 122 con prisión domiciliaria y 64 en dependencias policiales”, advirtiendo que “las comisarías no son lugares de alojamiento”.

Finalmente, la edil planteó el impacto que genera la falta de una alcaidía en el sistema judicial y en la seguridad local. “Tenemos personal que debería estar patrullando en las calles y está cumpliendo tareas de custodia en calabozos. Esto no es bueno”, sostuvo. Y concluyó: “Esperemos que esta vez podamos lograr una audiencia para saber cuáles son los requerimientos y poder ingresar en la agenda de infraestructura penitenciaria de la provincia de Buenos Aires”.

Por María Luz Márquez

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