El gobierno baja los aranceles a la importación de textiles, indumentaria y calzado
Mientras todas las cámaras empresarias del sector textil, indumentaria y calzado terminan de consensuar, conjuntamente con los respectivos sindicatos, un contundente comunicado de prensa, que saldría en los próximos días, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) se sumó a las voces críticas de otras entidades no sólo para expresar su preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno respecto de la reducción de aranceles para la importación de ropa, calzado y telas, sino también para advertir que la medida “podría tener un impacto devastador en el empleo, la producción y la sostenibilidad de la cadena de valor textil en el país, especialmente en un contexto donde la industria ya enfrenta serias dificultades económicas y estructurales”.
De acuerdo con datos proporcionados por FITA, el sector textil es un pilar fundamental de la economía argentina, ya que emplea directamente a más de 540.000 personas y es clave para el desarrollo de economías regionales. Es, de hecho, el principal generador de empleo en provincias como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y uno de los más relevantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires y Tucumán. Sin embargo, la industria opera actualmente con una baja utilización de su capacidad instalada y sufrido una significativa pérdida de empleos en el último año.
“A partir de un Decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, serán reducidos los aranceles de ropa y calzado, que pasarán de 35% a 20%; de telas de 26% a 18%; y de los distintos hilados de 18% a 12, 14 y 16%”, anunció el viernes de la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.
El anuncio del Gobierno, según consignó FITA, se produce sin que se hayan implementado reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de la industria local. Entre los principales desafíos que enfrenta el sector se encuentran una presión fiscal cercana al 50%, dificultades para acceder al financiamiento y problemas relacionados con la infraestructura logística. Estas condiciones, combinadas con la rebaja arancelaria, generan un escenario de competencia desigual frente a productos importados que provienen de países con menores costos laborales e impositivos.
“No pedimos beneficios sectoriales, sino trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de nuestra industria. Para ello es necesario igualar las condiciones frente a productos importados producidos en contextos con menos impuestos, leyes laborales modernas y acceso al crédito para la producción”, dice el comunicado de la Federación Textil. Y agrega: “Desde FITA solicitamos al Gobierno a reconsiderar esta medida y nos ponemos a disposición para trabajar juntos en un plan de desarrollo que garantice condiciones de equidad y sustentabilidad para la industria nacional y los trabajadores del sector”.
La medida también generó la inmediata reacción de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA). Ambas entidades advirtieron que esta decisión podría provocar la destrucción de miles de empleos formales y el cierre de cientos de empresas en la cadena de valor textil e indumentaria. Según estas organizaciones, el empleo formal será el más afectado, lo que también implicará una caída en la recaudación fiscal por cargas sociales.
Según las instituciones, el sector textil argentino enfrenta una competencia desleal frente a productos importados que ingresan al país a precios extremadamente bajos, en gran parte debido al “dólar barato” y a los menores costos laborales e impositivos en países asiáticos como China, India y Bangladesh. Según detalló la CIAI, estos países no solo cuentan con salarios bajos, sino que también subsidian su producción y exportaciones, lo que les permite ofrecer precios que resultan imposibles de igualar para las empresas locales.
La reducción de aranceles, además, podría agravar la escasez de dólares en el país, ya que incentivaría un aumento en las importaciones de productos que actualmente se fabrican en Argentina. Esto, según las entidades del sector, profundizaría los problemas económicos y fiscales, generando una mayor dependencia del exterior y debilitando aún más la industria nacional.
La industria también recordó que medidas similares adoptadas en el pasado llevaron a procesos de desindustrialización, aumento del desempleo y una mayor primarización de la economía. Según FITA, la experiencia internacional demuestra que una apertura comercial sin planificación adecuada puede debilitar gravemente a las industrias locales en lugar de fortalecerlas.
Entre los impactos esperados, las organizaciones mencionaron la destrucción de empleo nacional, el cierre de empresas, la pérdida de recursos fiscales y una mayor dependencia de productos importados. “El Gobierno Nacional resigna recursos fiscales para destruir el empleo formal y las empresas de nuestro sector”, advirtieron desde la CIAI.