Mediante un decreto presidencial, Lijo y García – Mansilla, llegan a la Suprema Corte de Justicia
El Gobierno anunció este martes a través de un posteo en X de la cuenta de la Oficina del Presidente que Javier Milei había decidido designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, señaló la publicación oficial.
«El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, continuó el texto que incluye también un racconto de la postulación de Lijo y García-Mansilla el 20 de marzo de 2024, el envío de sus pliegos al Senado y el fracaso para que reúnan los dos tercios de los votos como fija la Constitución Nacional.
En el posteo, el Gobierno planteó lo ocurrido como un incumplimiento del Senado: “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.
«De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos», siguió el comunicado.
Y, en otro tramo, se hizo mención a “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos«. «Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, completó.
Manuel García Mansilla, el catedrático
Con una extensa carrea profesional y acadèmica, García Mansilla llega al Tribunal Supremo a propuesta del presidente Javier Milei. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Nacido en Río Negro, García Mansilla tiene una extensa carrera académica y profesional en el ámbito privado. Se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center, Washington D.C., Estados Unidos. Hasta enero se desempeñaba comp decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral.
García-Mansilla comenzó a ejercer la abogacía en 1996: trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país. Luego, se desempeñó en la industria del gas y petróleo entre 2005 y 2010. En esos años trabajó en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal en aspectos regulatorios de la industria del petróleo.
Entre 2010 y 2014 trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo. Desde 2014 hasta junio del 2024, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).
Ariel Lijo, el juez federal que se pedirá licencia para ser juez en la Corte Suprema
Fue propuesto por el presidente Javier Milei a principio del 2024 y contó con numerosos apoyos, entre ellos el de la DAIA. Tuvo a su cargo la investigación de resonantes casos.
La candidatura del magistrado obtuvo amplias adhesiones y algunos rechazos. Lijo es uno de 12 jueces federales del edificio de Comopdoro Py. Fue nombrado en 2004 cuando era secretario de la Cámara Federal.
Lijo intervino en casos resonantes como, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano.
En 2023, el magistrado quedó a cargo de la investigación del atentado contra contra la mutual israelita AMIA que lleva 30 años sin resolución. Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre ese atentado , a pedido de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa.
El juez federal recibió el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en su camino hacia la Corte. Otro de los casos en los que intervino Lijo fue en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
También tuvo a su cargo la causa por el asesinato de quien fuera el secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.
Luego investigó al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que direccionó por la venta de la empresa.
Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso. Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Lijo también investigó a ex funcionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.